Tuesday, June 19, 2007

UDLA-P: Nota del Reforma del 19 de Junio

Se agudiza conflicto en UDLA

Las salidas más recientes son de tres investigadores del departamento de Ciencias de la Comunicación

Francisco Rivas

Puebla, México (19 junio 2007).- En menos de 10 días suman seis despidos más en la Universidad de las Américas-Puebla (UDLA) pese al anuncio del rector, Pedro Ángel Palou, de poner fin a la crisis de la institución.

Las salidas más recientes son de tres investigadores del departamento de Ciencias de la Comunicación, Jorge Alberto Calles, Antoni Castells y Claudia Magallanes.

A estos catedráticos se les señaló como opositores a la rectoría, por defender la independencia del periódico universitario La Catarina.

Pero además, se confrontaron con Palou cuando éste ordenó la remoción de Magallanes, como jefe de departamento, para colocar en su lugar a Martha Laris, quien carecía de posgrado a diferencia de su antecesora.

Antes, también rescindieron el contrato a los administrativos Martha Fernández, de ex alumnos; Cristina Feldman, de ayuda financiera; y a Sebastián Pérez, del área de planeación.

La dirección de comunicación social de la UDLA-Puebla refirió que los despidos son parte de un proceso de reingeniería, al menos en el caso de los académicos de Ciencias de la Comunicación.

"En miras al inicio del próximo ciclo escolar, la UDLA realiza un proceso de reingeniría en el departamento de Ciencias de la Comunicación, que incluye la búsqueda de nuevos perfiles y con ello el cambio de algunos profesores".

A principios de mayo Palou decidió despedir a 13 profesores investigadores de los departamentos de Economía y Relaciones Internacionales, con el argumento de que formaron parte de una "conspiración" contra el patronato de la UDLA-Puebla.

En tanto, un grupo de padres de familia envió una carta al Patronato de la Fundación Universidad de las Américas-Puebla para manifestar su descontento por el despido de investigadores.

"En nuestra calidad de padres de alumnos de la Universidad de las Américas-Puebla, nos dirigimos a ustedes (miembros del Patronato) con el propósito de expresarles enfáticamente nuestro profundo desacuerdo y preocupación ante la situación de descontento que impera en la institución", dice el documento.

9 comments:

Anonymous said...

Mi mamá me pregunta si es posible que a través de la carta también se haga una denuncia ante la ley a Palou porque esta gastando el dinero que con mucho esfuerzo los padres pagan

¿el dinero de colegiatura debe ser usado para la invertir en la universidad? Alguien sabe

mi mamá cree que es para ese fin

que opinan los demás papas

Anonymous said...

Anoche salió una nota en Hechos Puebla TV local:

http://www.youtube.com/watch?v=bVy6_BjHiQs

Javier Espinosa said...

Ahí siguen?
Pensé que gracias a Esquivel ya estaban en las filas del Gobierno Legítimo.
¿Y ahora, de qué se trata?
Por lo visto ya queda bien claro el asunto.
De "defender a unos profes despedidos" en una semana están metidos en destruir a la UDLA a como dé lugar.
Qué cantidad de tonterías estás divulgando Esquivel!
Ahora resulta que se está malempleando el dinero!!!
Si en verdad no pueden respirar aquí pues lléguenle. Hasta donde estoy enterado hay muuuchas universidades (ahí está la del Peje en chilangolandia).
Creo que en este conflicto nadie es perfecto. Pero ya está bien claro el origen del asunto: de un lado, están las voces rematadoras de la UDLA, echando mano hasta de "los cerebros" de pejelandia, para venderla al mejor postor.

Anonymous said...

Otro ignorante: anónimo de las 4:01

La FUNDACIÓN Universidad de las Américas NO puede venderse.

¿Qué parte no les queda claro?

Anonymous said...

Estimado Javier Espinosa:

Personalmente, no tengo el gusto de conocer al Dr. Gerardo Esquivel. Personalmente, tampoco estoy en las filas del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera me gusta. Sólo soy una ex-alumna, muy consternada por lo que está sucediendo en la UDLA. Nadie me manipula. No gano dinero, no estoy en peligro de ser explusada o despedida... y no estoy involucrada en proyecto alguno con los involucrados.

Ciertamente, los profesores y los alumnos pueden emigrar a otras universidades... Pero aquí, señor, hay una responsabilidad, en relación con las implicaciones de todos estos sucesos. Es una responsabilidad que compete a toda persona que vive en este país y que va muchísimo más allá de defender a un grupo de profesores.

En primer lugar, aún cuando se trata de una universidad privada, léase, es una institución de educación superior,
que debe estar sujeta a normas mínimas, relacionadas con 1) las contrataciones y asignaciones de puestos, 2) un sistema en el que las decisiones se tomen de forma colegiada y 3) exista libertad de cátedra -dentro y fuera de los salones de clase.

Y una pequeña nota, el punto tres implica que los profesores ejerzan su libertad para expresarse libremente.

De otra forma, esa calidad académica que buscan vender, resulta una broma.

¿Cómo garantizar que no se fusionen departamentos que no vienen al caso? ¿Cómo garantizar que una persona sin título de posgrado, no sea nombrada jefa de un departamento académico? ¿Qué académico que en verdad se respete, aceptaría trabajar en un entorno, donde se le falta al respeto y no cuenta con las condiciones mínimas para realizar un trabajo serio?

En segundo lugar, toda institución educativa que pretende formar personas para contribuir al desarrollo del país, debe cuestionarse qué clase de personas desea formar. En este sentido, la administración de la universidad y el trabajo académico deben conducirse conforme a aquellos valores que desean inculcar en sus estudiantes. Desearíamos que los egresados de las universidades sean personas formadas en el trabajo duro, la honestidad, el respeto a la ley y el estudio. Desearíamos también que fueran personas que asumieran también una seria responsabilidad social, sabiendo que quienes pueden acceder a la educación superior todavía son una minoría en nuestro país. Entre los egresados de universidades como la UDLA, habrá personas que más tarde ocupen puestos de alta responsabilidad.

Y bueno.... ¿Qué queremos? ¿Personas que no hablen cuando se trate de defender algo razonable y justo? ¿Personas que confundan la lealtad a una persona con la lealtad a los valores que su organización debe ostentar? ¿Personas que crean solamente en las apariencias y no entiendan que cualquier trabajo que valga la pena requiere esfuerzo y seriedad?

Respetuosamente y otorgándole el beneficio de la duda, pienso que -en parte- el problema del Rector, consiste en convertir este conflicto en algo personal y en asumir su puesto, como una posición de autoridad, en lugar de una posición de responsabilidad.

Pero bueno... lo que se requiere es analizar los hechos en forma tan objetiva como sea posible... y señor, yo no veo que en principio esto se tratara de derrocar al Rector, sino más bien, de pensar en cuál es la mejor forma de gobierno para la universidad, teniendo en la mira, la conservación de su calidad académica.

Conozco personalmente a Pedro Ángel Palou, estoy familiarizada con la trayectoria de su papá. También conozco personalmente a algunos de los profesores que fueron despedidos. Fui alumna del Departamento de Economía y estoy muy familiarizada con el estilo de administración de los funcionarios del Gobierno del Estado.

Conozco de primera mano, la seriedad de algunas de las personas que se han quejado y, sabiendo que nunca han estado involucradas en politiquería barata, apuesto a que genuinamente tuvieron preocupaciones relacionadas con la forma en que la administración actual de la Universidad es perjudicial para el trabajo académico. Por otro lado, las fusiones absurdas de departamentos, la imposición de personas en puestos para los que no tienen las credenciales adecuadas, el exigir firmar cartas de renuncia cuando se despide a una persona -en contra de la Ley-, el mentir y ocultar información a la opinión pública, el no respetar la experiencia y los conocimientos de sus empleados, el autoritarismo, en mayor o menor medida... y con el matiz que cada funcionario da a su propia administración -aún cuando se trate de personas e inteligentes- son todas, pan de todos los días en el gobierno. Así que las quejas no me resultan en lo absoluto extrañas.

Y reitero, no se trata de algo personal, sino de discutir sobre formas de administración, leyes, normas, valores....

Ahora, en relación a su comentario, si parte del dinero de la Universidad se destina a una campaña de mercadeo para desinformar y manipular, tratando de crear una imagen falsa que no esté basada en un verdadero respeto a las personas y a la búsqueda de la calidad académica, POR SUPUESTO QUE ESTÁ MAL EMPLEADO.

No tengo algo en contra de la publicidad, pero sí en contra de las mentiras y la manipulación.

El punto de todo esto, está en que no se debe permitir que la administración de la Universidad no esté sujeta a reglas que garanticen que ninguna persona o pequeño grupo, tenga un poder absoluto sobre decisiones en las que debe imperar la búsqueda de la calidad académica, asumiendo que se trata de una institución con una alta responsabilidad social.

Poca cosa, tratándose de la formación de aproximadamente diez mil personas.

Ahora, yo le pregunto a usted... ¿Cuál es su responsabilidad hacia la Universidad y hacia su país?

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Vuelvo a transcribir esto porque me parece muy relevante.

Esta liga contiene recomendaciones de la UNESCO, adoptadas el 11 de noviembre 1997, relativas al estatus del personal académico de instituciones de educación superior.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Me permito reproducir un fragmento del documento.

VI. Rights and freedoms of higher-education teaching personnel

A. Individual rights and freedoms: civil rights, academic freedom, publication rights, and the international exchange of information

25. Access to the higher education academic profession should be based solely on appropriate academic qualifications, competence and experience and be equal for all members of society without any discrimination.

26. Higher-education teaching personnel, like all other groups and individuals, should enjoy those internationally recognized civil, political, social and cultural rights applicable to all citizens. Therefore, all higher-education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience, religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security of the person and liberty of movement. They should not be hindered or impeded in exercising their civil rights as citizens, including the right to contribute to social change through freely expressing their opinion of state policies and of policies affecting higher education. They should not suffer any penalties simply because of the exercise of such rights. Higher-education teaching personnel should not be subject to arbitrary arrest or detention, nor to torture, nor to cruel, inhuman or degrading treatment. In cases of gross violation of their rights, higher-education teaching personnel should have the right to appeal to the relevant national, regional or international bodies such as the agencies of the United Nations, and organizations representing higher-education teaching personnel should extend full support in such cases.

27. The maintaining of the above international standards should be upheld in the interest of higher education internationally and within the country. To do so, the principle of academic freedom should be scrupulously observed. Higher-education teaching personnel are entitled to the maintaining of academic freedom, that is to say, the right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies. All higher-education teaching personnel should have the right to fulfil their functions without discrimination of any kind and without fear of repression by the state or any other source. Higher-education teaching personnel can effectively do justice to this principle if the environment in which they operate is conducive, which requires a democratic atmosphere; hence the challenge for all of developing a democratic society.

28. Higher-education teaching personnel have the right to teach without any interference, subject to accepted professional principles including professional responsibility and intellectual rigour with regard to standards and methods of teaching. Higher-education teaching personnel should not be forced to instruct against their own best knowledge and conscience or be forced to use curricula and methods contrary to national and international human rights standards. Higher education teaching personnel should play a significant role in determining the curriculum.

29. Higher-education teaching personnel have a right to carry out research work without any interference, or any suppression, in accordance with their professional responsibility and subject to nationally and internationally recognized professional principles of intellectual rigour, scientific inquiry and research ethics. They should also have the right to publish and communicate the conclusions of the research of which they are authors or co-authors, as stated in paragraph 12 of this Recommendation.

30. Higher-education teaching personnel have a right to undertake professional activities outside of their employment, particularly those that enhance their professional skills or allow for the application of knowledge to the problems of the community, provided such activities do not interfere with their primary commitments to their home institutions in accordance with institutional policies and regulations or national laws and practice where they exist.

B. Self-governance and collegiality

31. Higher-education teaching personnel should have the right and opportunity, without discrimination of any kind, according to their abilities, to take part in the governing bodies and to criticize the functioning of higher education institutions, including their own, while respecting the right of other sections of the academic community to participate, and they should also have the right to elect a majority of representatives to academic bodies within the higher education institution.

32. The principles of collegiality include academic freedom, shared responsibility, the policy of participation of all concerned in internal decision making structures and practices, and the development of consultative mechanisms. Collegial decision-making should encompass decisions regarding the administration and determination of policies of higher education, curricula, research, extension work, the allocation of resources and other related activities, in order to improve academic excellence and quality for the benefit of society at large.

Anonymous said...

En el comentario de las 6:17 P.M., en el párrafo 12, quise decir buenas e inteligentes personas, refiriéndome a los funcionarios de gobierno.

Anonymous said...

Qué curioso que el Sr. Javier Espinosa aparezca sólo en los momentos en que es más vulnerable es el Sr. Palou. Merece nuestra atención sólo en la medida en que puede hacerle llegar nuestros mensajes al Rector Precioso.
Saludos.

Anonymous said...

Esta bronca sólo recibe respiración artificial por parte de gente ajena a la UDLA. O sea, ya se está acabando. No tengo nada que ver con ningún "rector precioso". Es la paranoia la que los hace sentirse en Auschwitz, y en la RDA, como lo afirmó el falaz y demagogo de Esquivel.
La crisis fue notoria y ruidosa. Sobre todo lo último.
Los directamente afectados, en general, ya están resolviendo su destino.
Ahora, lo que resta (tal vez Esquivel tiene un cochinito qué ejercer) es ensuciar a la UDLA bajo cualquier pretexto.

Anonymous said...

Tu punto de vista me parece muy alejado de la realidad, ¿esto ya se está acabando? Yo lo dudo mucho, y verás como el tiempo me dará la razón.

Afortunadamente cada vez mas gente se da cuenta de la problemática existente en la universidad (y que se debe remediar por supuesto), aunque algunos como Espinoza la pretendan minimizar.